La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio dirigida a la Defensoría del Pueblo estatal para que inicie las actuaciones necesarias con el objetivo de que «pronto» nuestro país pueda contar con un reglamento que es «vital» para «garantizar» la inclusión social y en la vida cotidiana de las personas con discapacidad.
En el texto de la actuación, consultado por Europa Press, la Defensoría explica que el pasado día 27 de noviembre mantuvo un encuentro con el presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla (FAMS-COCEMFE Sevilla), en la que se trataron distintas cuestiones relacionadas con la accesibilidad.
Así, la institución señala que en esta actuación de oficio se trata la demanda del colectivo de que se desarrollen reglamentariamente las previsiones contenidas en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social (en adelante RDL 1/2013).
De este modo, apunta que de manera muy singularizada la asociación planteó al Defensor la necesidad de que el Gobierno de la Nación «asuma el compromiso reglamentario incluido en la Disposición Final Tercera, que en su apartado 2 establece que ‘En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno aprobará unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, según lo previsto en el artículo 29, para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad’.
«El plazo ha transcurrido ampliamente y se trata de un reglamento vital para garantizar la inclusión social y en la vida cotidiana de las personas con discapacidad», manifiesta, al tiempo que señala que aunque se trata «de una norma muy compleja, que exige estudios previos y medir bien sus efectos, pues va a afectar a una diversidad extraordinaria de ámbitos sectoriales», la complejidad «no puede ser un obstáculo para que la norma quede sin aprobar ‘sine die’; lo que exige, justamente por esa dificultad, un esfuerzo para impulsar su tramitación».
En este sentido, expone que la situación actual permite que las empresas continúen ofreciendo bienes y servicios a los consumidores que «no reúnen la exigencia de diseño universal, no siendo accesibles para un amplio sector de la población». Mientras esto ocurra, lamenta, «habrá discriminación, desigualdad y exclusión en el acceso a tales servicios y bienes».
El Defensor asegura que «comparte» con FAMS-Cocemfe que «ya ha transcurrido un tiempo suficiente para exigir el impulso de este desarrollo reglamentario que, sin duda, supondría un paso importante en aras al cómputo de los objetivos del artículo 49 de la Constitución –dedicado a regular los derechos de las personas con discapacidad–«.
A la vista de tales hechos, la institución andaluza se ha dirigido a la Defensoría del Pueblo de las Cortes Generales a fin de que, si lo considera oportuno y en vía de colaboración, inicie las actuaciones que procedan ante la Administración del Estado con la finalidad de que se impulsen las actuaciones previas para que «pronto nuestro país pueda contar con un reglamento que garantice la accesibilidad a los bienes y servicios que se ofrecen a los consumidores y usuarios».