(FUNDACIÓN AEQUITAS)
La sección jurídica de la Fundación Aequitas acaba de publicar la Guía de Jurisprudencia sobre Discapacidad , donde -a lo largo de 44 páginas- se recogen y comentan las sentencias del Tribunal Supremo dictadas con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 8/2021, incorporando variada bibliografía.
Esta jurisprudencia se agrupa y estructura en diferentes epígrafes: medidas voluntarias, autocuratela, guarda de hecho, pérdida de efectos de contratos (que incluye nulidad de testamentos), uso de vivienda familiar, procedimiento judicial o intensidad de los apoyos. Esta publicación nace con el objetivo de convertirse en una herramienta útil para juristas, asociaciones, familiares y demás agentes del sector de la discapacidad a la hora de afrontar una aplicación práctica de la nueva normativa. Se incluyen enlaces a todas las sentencias comentadas. Además, está prevista su actualización periódica.
Los comentarios que se incluyen intentan ordenar los temas más novedosos de la reforma de la Ley 8/2021. La mayoría de las sentencias se refieren a recursos de otras de órganos inferiores aplicables a la legislación anterior, procedente de 1983. No obstante, debían ser tratadas de conformidad con la fecha de la resolución del recurso. De este modo, se han evidenciado importantes cambios en el trato jurídico que se dispensaba a las personas con discapacidad antes o después de la reforma. Es de apreciar, también, que en algunas de ellas ya se habían utilizado, de forma directa, las prevenciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2006.
Sobre la Fundación Aequitas.- El 15 de octubre de 1999 nació la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado, bajo el lema ¡Juntos queremos hacer más! Hoy en día, 25 años después, está consolidada en España e Iberoamérica y realiza una incesante labor en defensa de la protección jurídica de las personas más vulnerables. Una de sus principales líneas de actuación es el impulso de reformas normativas para la mejora de la protección jurídica de los colectivos más vulnerables. Sus miembros han realizado informes y comparecido en calidad de expertos ante diferentes órganos legislativos, como la Comisión de Justicia y Discapacidad del Congreso de los Diputados.