El Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga de la suspensión de los desahucios hipotecarios para personas en situación de vulnerabilidad hasta el 15 de mayo de 2028, una medida que vencía esta semana y que podría beneficiar a alrededor de 30.000 hogares en toda España.
Esta decisión se materializa mediante un Real Decreto-Ley que extiende la protección prevista en la ley de 2013 impulsada durante la crisis económica, y que ha sido renovada en varias ocasiones. La norma está dirigida a colectivos especialmente vulnerables, como:
- Familias numerosas.
- Hogares monoparentales con al menos un menor a cargo.
- Familias con personas dependientes, enfermas o con discapacidad igual o superior al 33 %.
- Víctimas de violencia de género.
- Personas desempleadas o mayores de 60 años.
Desde el Ministerio de Vivienda se destaca el impacto positivo de la medida, no solo para las familias protegidas, sino para la sociedad en su conjunto, ya que favorece la cohesión social y la estabilidad.
Peticiones de mejora desde la sociedad civil
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha valorado positivamente la prórroga, pero insiste en la necesidad de soluciones estructurales, como:
La inscripción de la medida en el Registro de la Propiedad para evitar abusos por parte de nuevos propietarios.
La aplicación del derecho de tanteo y retracto para que los afectados puedan recuperar su vivienda.
La posibilidad de que la administración adquiera los inmuebles como parte del parque público de vivienda.
Reacciones políticas
Tanto Podemos como Sumar han reivindicado la medida como fruto de sus negociaciones con el Gobierno. Desde Podemos se ha pedido mayor seguridad jurídica para los afectados y se ha criticado que la prórroga se haya anunciado tan cerca de la fecha límite, generando incertidumbre. Por su parte, desde Sumar se considera que esta acción es “un parche” necesario, pero insuficiente, y que demuestra “quién lleva la iniciativa política” en el Ejecutivo.