La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado miércoles, ha modificado la legislación reguladora de la hipoteca inversa para que pueda ampliarse a las personas con discapacidad y sus familias, de modo que dispongan de otra vía para hacer frente económicamente a sus necesidades vitales.
Según la regulación legal aprobada en 2007 y vigente hasta ahora, solo las personas mayores de 65 años y las que tenían reconocida una situación de dependencia en grado de gran dependencia y dependencia severa, podían acogerse a la hipoteca inversa.
Para superar esta situación el Cermi venía reclamando desde entonces su extensión tanto a las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento como a las personas en situación de dependencia moderada. Finalmente la enmienda propuesta por el Cermi se ha visto recogida como en la tramitación de la nueva ley, ampliándose la hipoteca inversa a las personas con discapacidad y a todos los grados de dependencia.