Tras País Vasco, Baleares, Asturias, Región de Murcia, Aragón y Galicia, que ya han regulado esta fórmula, Andalucía ha establecido legalmente el concierto social como nueva modalidad para la mejor gestión de los servicios sociales de proximidad por parte de las entidades no lucrativas de acción social.
Esto es resultado de la demanda del CERMI Andalucía y la Mesa del Tercer Sector de autonómica, que reclamaron a la Junta de Andalucía la regulación del concierto social para dotar de un marco de estabilidad y calidad a los servicios sociales.