La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano y el Defensor Adjunto, Manuel Aguilar, han entregado el pasado día 28 el informe anual de la Institución, correspondiente al año 2011, a los presidentes del Congreso y del Senado, Jesús Posada y Pío García-Escudero.
En su informe, el Defensor del Pueblo afirma que «Si bien es cierto que la legislación española en materia de discapacidad es una de las más avanzadas de la Unión Europea y que nuestro ordenamiento jurídico ha incorporado los principios y medidas de que están recogidos en la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, el ejercicio de algunos de esos derechos resulta aún muy precario para estas personas, por lo que es preciso continuar avanzando hasta conseguir su plena inclusión social».
El informe recoge numerosas quejas recibidas sobre diversas materias que van desde la accesibilidad hasta las dificultades con las que se encuentran las personas con discapacidad en situación de dependencia para acceder a los recursos previstos en la legislación.
Accesibilidad
En concreto, y en lo que se refiere a la accesibilidad, el Defensor afirma que «aún a pesar de que el Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, modifica el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad continúa recibiendo reclamaciones de personas con alguna discapacidad que denuncian la falta de accesibilidad a transportes o edificios públicos».
También recoge el documento la preocupación que las personas con discapacidad han mostrado con respecto al acceso a algunas infraestructuras públicas, como comisarías de policía o piscinas municipales: «En los informes recibidos se subraya que las dificultades presupuestarias impiden llevar a cabo la realización de las oportunas soluciones técnicas, lo que no sería óbice para acometerlas en el momento en que cesaran tales limitaciones económicas».
Dependencia
En materia de dependencia, durante 2011 fueron numerosas las quejas relacionadas con la aplicación de la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Aunque la Institución ha podido constatar ciertas mejoras, siguen produciéndose demoras inaceptables tanto en la valoración de los interesados, como en la notificación de la resolución de grado y nivel de dependencia, y en la posterior aprobación del programa individual de atención. La constatación de esos retrasos ha llevado a la Institución a formular recordatorios de deberes legales sobre la obligación de resolver en tiempo y forma las solicitudes presentadas.
El contenido íntegro del informe puede consultarse en el portal del Defensor del Pueblo.