La Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla (FAMS-COCEMFE Sevilla) hace un llamamiento a las administraciones y poderes públicos de Andalucía y Sevilla, para que apliquen el contenido de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, con motivo del primer día 3 de mayo de 2019 como Día Nacional en España de dicha Convención.
El pasado 22 de febrero, el Consejo de Ministros del Gobierno de España, acogiendo una propuesta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), declaraba oficialmente la jornada del 3 de mayo de cada año, como Día Nacional en España de dicha Convención de 2006.
El objetivo es reconocer la importancia de este instrumento normativo internacional, ya que está destinado a proteger los derechos, la dignidad inherente, la autonomía individual, la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas con discapacidad. En este sentido, comporta un cambio de concepto que considera a las personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos.
Se trata de contribuir al conocimiento, la difusión y la toma de conciencia acerca de esta Convención y sus principios, valores y mandatos, extendiendo la cultura y la práctica de los derechos humanos en la esfera de las personas con discapacidad.
El programa político y social para que la Convención de 2006 sea una realidad práctica en un periodo razonable es ingente y el movimiento asociativo de las personas con discapacidad y sus familias estará vigilante para que los poderes públicos, los agentes sociales, los operadores económicos, los medios de comunicación y toda la sociedad alineen su actuación con estos postulados.
Este año 2019 es el primero en que se celebra este día oficial, ocasión que el presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla (FAMS-COCEMFE Sevilla), Juan José Lara, aprovecha para congratularse por esta iniciativa, que servirá para promover los acuerdos entre países que se preocupan por los derechos que asisten a las personas con discapacidad.
“Nuestro país goza de una democracia con su propio sistema de defensa de las personas más vulnerables. Además, España lidera políticas sociales, de cohesión social e inclusión, siendo un referente en Europa. Los españoles con alguna discapacidad podemos declarar que residimos en un paraíso de igualdad y justicia, pero sólo sobre el papel, ya que las leyes no se hacen efectivas en el día a día y no se sanciona su incumplimiento”, denuncia Lara.
El acceso al empleo, a la educación, al transporte, a viviendas, a la autonomía personal… continúa sin ser una realidad para las personas con discapacidad, ante las “trabas e inaccesibilidad” existente en cada uno de estos campos. Esto se da incluso a pesar de existir herramientas jurídicas. Por ello, desde el colectivo se mantiene la esperanza de que la aplicación de esta Convención logre cambiar el destino de las vidas de estas personas, alcanzando la tan perseguida autonomía y normalización que en la actualidad sigue sin ser real en la sociedad.