La Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados aprobó ayer por unanimidad la iniciativa promovida por el PP y pactada con el PSOE por la que se pide al Gobierno que unifique unas reglas comunes para todas las comunidades autónomas a la hora de obtener y hacer uso de las tarjetas de estacionamiento para las personas con discapacidad, ante la disparidad normativa entre las comunidades.
El texto aprobado insta al Gobierno «a aprobar a la mayor brevedad posible el real decreto por el que se regulan las condiciones básicas y comunes de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para las personas con discapacidad con el fin de garantizar la igualdad y la seguridad jurídica de cualquier ciudadanos con discapacidad en todo el territorio nacional».
«Esta situación provoca una doble discriminación hacia las mismas», según el PP, ya que por un lado se enfrentan a su especial condición personal y por otro a la diferenciación por razón del lugar de residencia.
Es más, sostiene que esta falta de coordinación ha traído un reconocimiento «desigual» de los derechos de estas personas y sus familias, en función del territorio en el que viven, dándose la paradoja que con la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida expedida por un ayuntamiento o comunidad no sirva para otro lugar que a su vez emite la suya.