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El Defensor del Pueblo demanda la aprobación de una nueva Ley de Discapacidad

El Defensor del Pueblo demanda la aprobación de una nueva Ley de Discapacidad

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, consideró el pasado 6 de febrero, en su comparecencia ante la comisión de Igualdad y Políticas Sociales, oportuna la aprobación de una nueva ley de los derechos y la atención a las personas con discapacidad en Andalucía. También reclamó mejoras en distintos ámbitos y los medios personales o materiales para hacer factibles los derechos que recoja la ley.

Maeztu apuntó que la mayor parte de los problemas que las personas con discapacidad trasladan al Defensor del Pueblo, más de 10.700 quejas en su historia, no traen como causa la ausencia de reconocimiento formal de derechos, sino la escasa efectividad de las normas que los contemplan.

Asimismo, realizó un llamamiento a la sociedad para que ésta se comprometa activa y firmemente en la tarea común de integración social de las personas con discapacidad.

Entre las propuestas de mejora al texto que se debatieron en el Parlamento, Jesús Maeztu destacó la creación de la Junta arbitral de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, y recordó que hace diez años ya se preveía la constitución de estas Juntas arbitrales autonómicas.

En materia de salud, consideró que deberían mejorarse y completarse las medidas propuestas en relación a la salud mental, y propuso la inclusión de una referencia específica a la rehabilitación. Asimismo, planteó la inclusión de una medida tendente a garantizar la exención en el pago de medicamentos a aquellas personas con discapacidad que acrediten unos recursos económicos inferiores a aquéllos que reglamentariamente se determinen.

El Defensor echó en falta una mención expresa en el texto a la necesaria coordinación entre el sistema sanitario y el sistema educativo, aunque valoró la coordinación con los servicios sociales.

En cuanto a educación universitaria, recordó que debe ser obligatoria la referencia a garantizar un cupo reservado de plazas (5%) para el acceso a la Universidad de las personas con discapacidad. También solicitó una previsión consistente en la elaboración, por las universidades, de planes para la adaptación curricular de cada una de las titulaciones impartidas a los diferentes tipos de discapacidad.

En formación y el empleo, el Proyecto de Ley constituye un avance en el compromiso por la integración laboral de las personas con discapacidad en el empleo público (permanente y temporal) y en el empleo privado.

En materia de servicios sociales, y ante la reciente aprobación de una norma específica, el comisionado parlamentario subrayó que el proyecto debe tener una mejor conjunción con la norma recién aprobada.